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Medidas derogadas en materia de vivienda y alquiler

1 febrero, 2019/en Mercantil /por Mireia Font

Las medidas aprobadas en materia de vivienda y alquiler quedan derogadas por falta de convalidación

La convalidación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ha sido debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de enero de 2019 y no ha contado con el respaldo de la Cámara, por lo que queda derogado… ¿Qué pasa a partir de ahora?

Queremos informarles que la convalidación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre (BOE de 18 de diciembre de 2018 y en vigor el 19 de diciembre), de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ha sido debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de enero de 2019 y no ha contado con el respaldo de la Cámara, por lo que queda derogado, y se vuelve a aplicar la normativa vigente antes del 19 de diciembre de 2018.

Recordemos que esta norma introdujo importantes novedades en materia de vivienda y alquiler, entre otras:

Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y se alarga el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Además, en el momento de la firma del contrato, el arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino un aval, al margen de la fianza, que exceda en dos meses la renta mensual de alquiler a no ser que se trate de contratos de larga duración, y se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (empresa o sociedad).
También se modificaba la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, para, de esta forma, favorecer la convivencia en los edificios de viviendas.
También se introducen cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se paralicen los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables, y
Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual. Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) incorporando medidas que favorecen el mercado de alquiler de vivienda.

Pues bien como hemos indicado anteriormente estas medidas ya no son aplicables pues el Real decreto-ley que las aprobó no ha sido convalidado y por lo tanto ha quedado derogado.

¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Qué pasa con los contratos de alquiler y operaciones realizadas desde el 19 de diciembre de 2018?

El artículo 86 de la Constitución señala que:

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.»

En consecuencia, al votar en contra de la convalidación el Congreso de los Diputados, ha de entenderse que el Real Decreto-ley 21/2018 se encontrará derogado cuando se publique en el BOE.

Por su parte el artículo 151.6 del Reglamento del Congreso, establece que el acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el «Boletín Oficial del Estado (BOE)».

Por tanto, habrá estado vigente desde el 19 de diciembre de 2018 hasta la publicación en el BOE del acuerdo de derogación.

Los contratos celebrados durante este periodo conservan su vigor, y estarán regidos por los cambios que había introducido el RD-ley 21/2018.

Materia tributaria y catastral

7 enero, 2019/en Fiscal /por Mireia Font

Aprobadas medidas urgentes en materia tributaria y catastral

Se ha aprobado en el BOE del día 29 de diciembre el Real Decreto-ley 27/2018 por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, como la ampliación de la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad del IRPF a otros colectivos, tributación por módulos, actualización de los valores catastrales, prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, etc.

Se ha aprobado en el BOE del día 29 de diciembre el Real Decreto-ley 27/2018 (en adelante, RDL), por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, como la ampliación de la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad del IRPF a otros colectivos, tributación por módulos, actualización de los valores catastrales, prórroga de la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, etc., cuya entrada en vigor general se produjo el día 30 de diciembre de 2018 (con algunas excepciones).

Se resumen a continuación las principales novedades, con expresa indicación de la fecha en la que producen efectos cuando no coincida con la referida fecha de entrada en vigor.

1. IRPF

1.1 Prestaciones por maternidad o paternidad

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, se modifica la Ley 35/2006 del IRPF (LIRPF) para declarar expresamente exentas, junto con las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social, con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y para ejercicios anteriores no prescritos, esto es, los períodos impositivos 2014, 2015, 2016 y 2017, las siguientes prestaciones:

Las prestaciones públicas por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas en la Ley General de la Seguridad Social
Las prestaciones por maternidad o paternidad reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas a dicho régimen.

La cuantía exenta en este caso tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones del Seguridad Social y de estas mutualidades, en las prestaciones de estas últimas.

Para los empleados públicos encuadrados en un régimen de la Seguridad Social que no de derecho a percibir la prestación a que se refiere el párrafo anterior, estará exenta la retribución percibida durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad (regulada en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

1.2 Prórroga para 2019 de los límites para la exclusión del régimen de estimación objetiva en el IRPF y de los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA

Se amplía a 2019 la aplicación de determinadas magnitudes cuya superación implica la exclusión del método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades económicas (que fueron introducidas inicialmente solo para 2016 y 2017 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y prorrogados también con posterioridad para 2018). En concreto:

a) El límite relativo a los rendimientos íntegros obtenidos en el conjunto de actividades se eleva de 150.000 euros a 250.000 euros en general; y de 75.000 euros a 125.000 euros para el supuesto en que el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior se corresponda con operaciones por las que se esté obligado a expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal.

b) El límite relativo al volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, pasa de 150.000 euros a 250.000 euros.

Paralelamente, se extienden a 2019 los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en el IVA vinculados con el mencionado método de estimación objetiva (régimen simplificado y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca).

Por último, se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales, que será de un mes a partir del 30 de diciembre de 2018. Las renuncias y revocaciones presentadas para 2019 en diciembre de 2018 se entenderán presentadas en período hábil, pero se podrán modificar en un mes desde el 30 de diciembre de 2018.

2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

2.1 Adaptación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la Circular 4/2017 del Banco de España

Con efectos para períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) con el objeto de introducir en el Impuesto sobre Sociedades los efectos de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

La contabilización de la primera aplicación de los cambios que la Circular 4/2017 incorpora se realizará, salvo algunas excepciones expresamente recogidas en la norma, de forma retrospectiva, registrando los impactos en reservas. Los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de primera aplicación tendrán, cuando así proceda por la aplicación de la normativa reguladora del Impuesto, efectos fiscales, es decir, deberán tenerse en consideración para la determinación de la base imponible del Impuesto correspondiente al período impositivo 2018.

Con objeto de atenuar el impacto fiscal de dicho mandato contable, se establece un régimen transitorio para integrar en la base imponible los citados cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha integración se efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018.

Además, la modificación de la LIS se debe a los cambios de la Circular 4/2017 por los que las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global.

Con objeto de adaptar los efectos de dicha modificación a las reglas generales de valoración del Impuesto y garantizar su integración en la base imponible en el momento que causen baja, se procede a modificar su norma reguladora, bien que, con una regulación de carácter general, sin referencia expresa a la Circular.

2.2 Aprobación de la relación de actividades prioritarias de mecenazgo

Durante el año 2019 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las enumeradas en la Disposición adicional septuagésima primera de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Para estas actividades, como en años anteriores, los porcentajes y límites de deducciones previstos en la Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales.

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Con efectos de 1 de enero de 2019 y vigencia indefinida, se modifica el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se prorroga para 2019 el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para el ejercicio 2019.

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 13/2011 restableció el IP con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 (tras su eliminación práctica desde 2008 mediante la aplicación de una bonificación del 100%). Este régimen se ha venido ampliando sucesivamente. Ahora, el RDL 27/2018 lo amplía para 2019, de forma que la bonificación del 100% no resultará aplicable (en principio) hasta 2020.

En todo caso, no se debe olvidar que estamos ante una normativa estatal y que algunas Comunidades Autónomas han hecho uso de sus potestades normativas, estableciendo bonificaciones específicas. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la normativa aplicable de la Comunidad Autónoma de residencia.

4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

4.1 Prórroga para 2019 de los límites para la exclusión de los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA

Con efectos desde 1 de enero de 2019, se modifica la disposición transitoria decimotercera de la Ley 37/1992 del IVA, para prorrogar para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Magnitudes excluyentes de carácter general:

Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales.
Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
Volumen de compras e importaciones en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros.

5. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

5.1 Actualización de valores catastrales

Como viene siendo habitual, se fijan los coeficientes de actualización de valores catastrales para el año 2019

Los coeficientes de actualización quedan fijados para 2019 con arreglo al siguiente cuadro:

Año de entrada en vigor ponencia de valores	Coeficiente de actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989	1,05
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000	1,03
2001, 2002 y 2003	1,02
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011	0,97
2012 y 2013	0,93

También se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la prórroga hasta el 31 de julio de 2019 (i) de los plazos para que los Ayuntamientos cuyos municipios se encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan aprobar un nuevo tipo de gravamen del IBI, y (ii) del plazo previsto para la aprobación y publicación de las ponencias de valores totales. Se amplía además hasta esa fecha el plazo previsto para la solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.

6. OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS

6.1 Reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva

Se establece un periodo transitorio durante el cual las reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva realizadas, en el plazo comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, como consecuencia de las nuevas exigencias en materia de incentivos establecidas en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (conocida como Mifid II), e incorporadas a nuestro ordenamiento por el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y que tengan por objeto que el partícipe o accionista deje de soportar costes asociados a incentivos, puedan realizarse de forma automática, sin necesidad de recabar consentimiento individualizado de los partícipes y accionistas a los que se apliquen dichas reclasificaciones.

Y para que dichas reclasificaciones no tengan incidencia tributaria para los inversores se dispone que las misma no darán lugar a la obtención de renta para el partícipe o accionista a efectos del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y las nuevas participaciones o acciones asignadas a los partícipes o accionistas reclasificados conservarán el valor y la fecha de adquisición que tuvieran las participaciones o acciones a las que sustituyen.

Este régimen será también de aplicación para las reclasificaciones que se realicen con idéntico fin (evitar los costes asociados a incentivos) y en el mismo plazo en el caso de las IIC (o compartimentos, clases o series de aquellas) previstas en los artículos 94.2.a) de la Ley del IRPF y 53.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (referentes a UCITS).

6.2. Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020»

Por último, en la disposición adicional primera del RDL se regula el régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020», tanto el relativo a la entidad organizadora y de los equipos participantes, como el de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes. También se regula el régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de los dos eventos así como todo lo relativo al IVA.

6.2.1 Régimen tributario de la entidad organizadora y de los equipos participantes

Las personas jurídicas residentes en territorio español y los establecimientos permanentes constituidos con motivo de la final de la «UEFA Champions League 2019» y «UEFA EURO 2020» por la entidad organizadora o por los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades y del IRNR, según corresponda, por las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento que estén directamente relacionadas con la participación en él. Esta exención alcanzará también a las rentas obtenidas en España sin establecimiento permanente por la entidad organizadora del acontecimiento o los equipos participantes.

6.6.2 Régimen tributario de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes

No se considerarán obtenidas en España (y, por tanto, no tributarán en este Estado) las rentas que perciban las personas físicas no residentes en España por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes.

Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes del IRPF como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final podrán optar por tributar como no residentes por el IRNR en los términos y condiciones previstos en el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español del IRPF («régimen de impatriados»).

6.6.3 Régimen aduanero

Aunque, en términos generales, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la final será el generalmente establecido por el Código Aduanero de la Unión Europea (y demás normativa aduanera aplicable), se permite que estas mercancías se vinculen al régimen aduanero de importación temporal por un plazo máximo de 24 meses que, en todo caso, expirará, como muy tarde, el 31 de diciembre del año siguiente al de la finalización del evento.

6.6.4 Impuesto sobre el Valor Añadido

En lo que se refiere a este impuesto, se introduce el siguiente régimen especial:

No se exigirá el requisito de «reciprocidad» para la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la Unión Europea de las cuotas de IVA soportadas o satisfechas como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de la final de estos eventos.
Los sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad Europea, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua, no estarán obligados a nombrar un representante en España a los efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con este impuesto.
Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto que tengan la condición de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas de IVA como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la final, así como la entidad organizadora y los equipos participantes, tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al término de cada periodo de liquidación, que será mensual. No obstante, la presentación de liquidaciones mensuales no supondrá la necesidad de aplicar el sistema de Suministro Inmediato de Información. Por otro lado, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran los requisitos de los artículos 119 y 119 bis de la Ley del impuesto (que regulan los regímenes especiales de devolución a no establecidos), la devolución de las referidas cuotas se realizará conforme a estos regímenes especiales.
En lo que se refiere a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de importación temporal con exención total de derechos, de conformidad con la novedad descrita en el punto 3.3 anterior, resultará aplicable el régimen de exención en IVA previsto en la normativa de este impuesto relativa a regímenes aduaneros y fiscales.
No se asimilará a una adquisición intracomunitaria de bienes a efectos del IVA la transferencia por un sujeto pasivo con destino a España de bienes corporales de su empresa que se utilicen temporalmente en la celebración y desarrollo de la final por un periodo que no exceda de 24 meses o, como máximo, hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la finalización de estos eventos.
No se entenderán localizados en España por aplicación de la regla especial de utilización o explotación efectiva los servicios que se pudieran prestar a empresarios o profesionales no residentes en la UE por las personas jurídicas residentes en España constituidas por la entidad organizadora con motivo de la celebración y desarrollo de la final o por los equipos participantes siempre y cuando estos servicios estén en relación con la organización, la promoción o el apoyo de dichos eventos.

Decálogo de medidas urgentes para los autónomos de cara a los próximos meses

18 junio, 2018/en Laboral /por Mireia Font

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha definido en su última reunión un decálogo de medidas urgentes para el trabajo autónomo que considera que deben aprobarse en los próximos meses, algunas de las cuales ya están siendo objeto de debate en el Congreso, dentro del Pacto de Toledo, de la Subcomisión de Trabajo Autónomo o en el marco de iniciativas legislativas.

Le informamos que El comité de dirección de ATA ha acordado en su última reunión las propuestas sobre autónomos que considera deben ser prioritarias para el nuevo Gobierno de España. ATA ha resumido estas iniciativas en un decálogo que recoge las más urgentes. Hay que tener en cuenta también, está pendiente el desarrollo de la Ley de Mutuas, que permitirá a las organizaciones de autónomos entrar en la Comisión de Control de las Mutuas.

Estas son las medidas que reclama la ATA al nuevo Gobierno:

– Mejorar la protección social del colectivo, y más concretamente la actual prestación por cese de actividad. Habría que asimilarla a la prestación de paro, para lo que es necesario dotarla de mayor cuantía y duración de la protección. Además sería necesario, incluir el derecho al subsidio, la ayuda de 426 euros a la que tienen derecho los trabajadores asalariados una vez finalizan la prestación del paro y de la que están excluidos los autónomos.

– Extender la jubilación activa plena a todos los autónomos, de tal manera que se permita compatibilizar el trabajo con el 100% de la pensión a todo el colectivo, independientemente de si generan empleo o no.

– Definir la habitualidad y facilitar la cotización a todos aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional (SMI). Desde ATA proponen una cotización similar a la tarifa plana a aquellos autónomo cuyos rendimientos netos están por debajo del SMI.

– Combatir los falsos autónomos. Para ello ATA propone un registro obligatorio donde todos los autónomos estén obligados a comunicar a la Seguridad Social su condición de TRADE, cuando el 75% de sus ingresos dependa de un solo pagador. Y que estén también obligados a comunicar la empresa o grupo de empresas para la que prestan su servicio.

– Permitir que la cotización de los autónomos societarios al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sea un gasto de la empresa, como lo es actualmente la retribución que recibe un autónomo societario y no un gasto del autónomo. Esta medida permitiría que muchos autónomos societarios aumentaran su base de cotización y lo hicieran en función a su retribución y no como ocurre en estos momentos, donde la mitad (53%) cotizan por la base mínima, dado que la cotización les cuesta a ellos y no se considera gasto de la empresa.

– Morosidad. Es fundamental permitir la aprobación en el Congreso de la Proposición de Ley de Ciudadanos que establece un régimen sancionador a las empresas y administraciones públicas que no cumplen con los plazos que establece la ley, a la vez que poner en marcha un buzón anónimo de morosidad donde autónomos, pymes y resto de proveedores puedan denunciar de forma anónima a aquellas empresas o administraciones que hacen prácticas ilegales en materia de morosidad.

– Mantener el límite actual de módulos para sectores como el transporte y la agricultura y no reducirlos a la mitad el próximo año. Eso significaría expulsar del sistema de módulos a muchos autónomos con bajos ingresos, lo que llevaría consigo un daño importante para su actividad.

– Facilitar la deducibilidad de los pagos electrónicos por parte de los autónomos cuando se realizan por vía telemática o pago por el móvil, especialmente en lo relativo a aquellos pagos en los que no existe un emisor de tarjeta físico en el momento del gasto (gasolineras, parkings, parquímetros). En la actualidad la agencia tributaria requiere para este tipo de pagos factura, lo que es en muchas ocasiones supone traba importante para el colectivo.

– Establecer mecanismos que permitan una verdadera segunda oportunidad para los autónomos que fracasan y quieren volver a iniciar una actividad, así. Para ello, sería conveniente poner en marcha una ley que permita a los autónomos seguir adelante cuando fracasan y volver a emprender, así como tomar medidas que faciliten el relevo generacional y sucesión empresarial. Así como combatir uno de los grandes problemas de muchos autónomos, especialmente del medio rural: la despoblación.

– Representación Institucional. El Gobierno deberá poner en marcha antes del 26 de octubre lo estipulado en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo en la que se insta al Gobierno en su disposición adicional primera a la incorporación de las organizaciones de autónomos en el Consejo Económico y Social (CES) y poner en marcha también en este plazo (según señala la disposición adicional segunda de esta misma Ley) el Consejo del Trabajo Autónomo.