COVID-19. Medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo

La formación presencial podrá reanudarse una vez se establezca la recuperación de la actividad laboral para el correspondiente ámbito de actividad y territorio, según el Plan de desescalada, y a partir del 6 de junio de 2020.

En el BOE del día 5 de junio de 2020 se ha publicado la Resolución de 1 de junio de 2020 del SEPE, con entrada en vigor el 6 de junio de 2020, donde se establecen las medidas encaminadas a recuperar la actividad formativa presencial en el ámbito de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, suspendida como consecuencia de las medidas de contención adoptadas para paliar los efectos del impacto económico y social derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del estado de alarma.

¿Cuál es su ámbito de aplicación?

Su ámbito de aplicación se circunscribe al de gestión estatal del SEPE en esta materia, sin perjuicio de que pueda aplicarse por las comunidades autónomas en los términos que puedan establecer en función de sus requerimientos de gestión, las especialidades derivadas de su organización administrativa y la normativa de aplicación en su ámbito de gestión.

¿Quiénes podrán impartir de manera presencial esta formación?

1. Las empresas que de acuerdo con el Plan de desescalada retornen al desarrollo de su actividad laboral, bien de forma total o parcial, y que imparten formación a sus propias personas trabajadoras en sus propias instalaciones directamente o mediante entidades externas:

siempre que sea necesaria para la continuidad de sus procesos productivos, y
respetando las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador, las adecuadas medidas de distancia interpersonal y protección colectiva e individual, y las medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral establecidas.
Esta formación presencial podrá reanudarse una vez se establezca la recuperación de la actividad laboral para el correspondiente ámbito de actividad y territorio, según el Plan de desescalada, y a partir del 6 de junio de 2020.

Requisitos exigidos:

En la formación programada por las empresas para sus trabajadores, se exige:
consulta previa a la representación legal de los trabajadores en la empresa;
comunicar, en el plazo máximo de 2 meses desde el 6 de junio de 2020, las nuevas fechas, calendario y horario de impartición de las acciones formativas suspendidas, debiendo completarse el total de las horas de la acción formativa comunicada;
comunicar el inicio de la formación y la información relativa a cada acción formativa y grupo formativo hasta 2 días antes de la fecha de comienzo de cada grupo.
En la formación en alternancia con la práctica laboral dentro de la formación dual del sistema laboral a través de los contratos para la formación y el aprendizaje, se precisará:
autorización previa o adecuación por el servicio público de empleo competente de la activad formativa inherente al contrato;
información a la representación legal de las personas trabajadoras sobre los acuerdos suscritos, indicando, al menos, las personas contratadas para la formación y el aprendizaje, el puesto de trabajo a desempeñar y el contenido de la actividad formativa.

2. Las entidades de formación (pública o privada, acreditada y/o inscrita a estos efectos en el correspondiente registro), en centros de formación cuando:

el territorio donde desarrollen su actividad se encuentre en fase 2, y
respetando las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador y el alumnado, las adecuadas medidas de distancia interpersonal y protección colectiva e individual, y las medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral.
Esta formación presencial podrá reanudarse a partir de la entrada en vigor de las normas por las que establezca la inclusión en fase 2 del respectivo territorio, en todas las iniciativas de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral previstas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Requisitos exigidos:

En la formación programada por las empresas impartida en centros de formación:
comunicar en el plazo máximo de 2 meses desde dicha fecha, las nuevas fechas, calendario y horario de impartición de las acciones formativas suspendidas, completándose el total de las horas de la acción formativa comunicada;
comunicar el inicio de la formación y la información relativa a cada acción formativa y grupo formativo hasta 2 días antes de la fecha de comienzo de cada grupo.
En la formación en alternancia con la práctica laboral dentro de la formación dual del ámbito laboral a través de los contratos para la formación y el aprendizaje:
autorización previa o adecuación por el servicio público de empleo competente de la activad formativa inherente al contrato.
3. Los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) cuya reapertura se permite en los territorios que se encuentran en la fase 2 y que no se contemplan en las medidas a adoptar por las autoridades educativas, si bien las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador y el alumnado, las adecuadas medidas de distancia interpersonal y protección colectiva e individual, y las dirigidas a prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral, se adecuarán a lo que establezcan las normas que se aprueben por el Ministerio de Sanidad para las distintas fases de desescalada en cada territorio.

4. La resolución contempla, asimismo, la impartición presencial en los programas públicos de empleo y formación de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, siempre que, de acuerdo con el Plan de desescalada y los criterios en materia de personal que adopten las respectivas entidades promotoras, se reanude su actividad, parcial o totalmente, debiendo comunicarse al SEPE y respetarse las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador, distancia interpersonal y protección colectiva e individual, y prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral.

5. Por último, también se admite en los planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo social, cuando el territorio donde se desarrolle la actividad formativa se encuentre en fase 2 y se respeten las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador y el alumnado, las adecuadas medidas de distancia interpersonal y protección colectiva e individual, y las medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. ERTES. Nuevas aclaraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social declaraciones responsables y fuerza mayor parcial

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha emitido el 5 de junio de 2020 el Boletín RED 14/2020, que complementa los boletines anteriores números 11, 12 y 13/2020, interpretando determinados aspectos relacionados con el Real Decreto-Ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deber ser comunicadas a la TGSS respecto del inicio de la situación de fuerza mayor parcial.

Los Boletines de Noticias RED números 11, 12 y 13/2020 publicados los pasados 14, 19 y 29 de mayo, incluían instrucciones para la presentación de las declaraciones responsables, e identificación de los trabajadores, en relación a la aplicación de las exenciones en la cotización establecidas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, de medidas sociales en defensa del empleo.

Ahora, la Tesorería General de la Seguridad Social ha emitido el 5 de junio de 2020 el Boletín RED 14/2020, que complementa los boletines anteriores números 11, 12 y 13/2020, interpretando determinados aspectos relacionados con el Real Decreto-Ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deber ser comunicadas a la TGSS respecto del inicio de la situación de fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de dicho RDL 18/2020.

Esta interpretación se contiene en informes de la Dirección General de Trabajo, el Servicio Jurídico de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, emitidos cada uno de ellos en sus ámbitos competenciales respectivos.

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: ACTIVIDADES QUE HAN PODIDO REINICIARSE DE ACUERDO CON LAS ÓRDENES MINISTERIALES REFERENTES AL PROCESO DE DESESCALADA.

La fuerza mayor parcial no actúa de forma automática en aquellas actividades que puedan reiniciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales referentes al proceso de desescalada dado que es necesario que las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, conforme a las cuales la empresa adoptó las medidas de suspensión o reducción de jornada, permitan el inicio de la actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen, entendiéndose en otro caso en fuerza mayor total.

Es decir, que la fuerza mayor parcial a los efectos del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, necesita de la concurrencia de tres elementos:

a) La existencia de un expediente de regulación de empleo anterior autorizado que incluirá a la totalidad o a parte de la plantilla, y que supondrá medidas de suspensión o reducción de jornada entendidas en los términos previstos en el artículo 47 ET y el Reglamento de procedimientos de despido colectivo y suspensión de contratos o reducción de jornada aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y

b) Que las causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, cualesquiera de ellas, conforme a las cuales se adoptaron las medidas de regulación de empleo, permitan la recuperación de la actividad de la empresa, y

c) Que se produzca la reincorporación de los trabajadores -en términos del Real Decreto-ley 18/2020: «deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.»- Corresponde a la empresa valorar en función de sus circunstancias particulares en qué momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su jornada, es necesaria para el desarrollo de la actividad.

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: REANUDACIÓN EFECTIVA DE LA ACTIVIDAD

Junto a la desafectación de las personas trabajadoras, el reinicio de la actividad requiere, para que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor parcial, la reanudación efectiva de la actividad y no la mera preparación de la misma. Es decir, no puede entenderse que las tareas preparatorias de la actividad principal suponen la recuperación parcial de la actividad a los efectos previstos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020.

En aplicación de lo expuesto, todas las referencias a la reactivación de la actividad recogidas en el texto del Real Decreto ley 18/2020, tanto en sus preceptos como en las Disposiciones Adicionales, deben entenderse referidas al mismo momento: el de la reanudación efectiva de la actividad, descartando las meras tareas preparatorias.

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: MES DE MAYO

La situación de fuerza mayor parcial puede concurrir entre el día 1 y el 12 de mayo de 2020.

Se recuerda que, tal y como se indicaba en el BNR 12/2020, por las personas trabajadoras que se han reactivado entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, en empresas que se encuentren en situación de fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020, resultarán de aplicación las exenciones de la cotización previstas en la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de este Real Decreto-ley a partir del día en que se hayan reactivado.

En estas mismas empresas, por las personas trabajadoras que se hayan mantenido en situación de suspensión entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, resultarán de aplicación, durante ese período, las exenciones de la cotización previstas en el apartado 1 del artículo 4 de este Real Decreto-ley hasta el día 12 de mayo de 2020. A partir de ese momento resultarán de aplicación las exenciones en la cotización previstas en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 hasta el momento en que se reactiven.

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: EMPRESARIOS INDIVIDUALES

La fuerza mayor parcial únicamente resulta de aplicación respecto de los expedientes de regulación temporal de empleo.

En consecuencia, la vuelta a la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que sean, a su vez, empresarios de trabajadores por cuenta ajena, no determina el inicio de la situación de fuerza mayor parcial a la que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020 respecto de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el correspondiente expediente de regulación de empleo.

El inicio de la situación de fuerza mayor parcial respecto de los trabajadores por cuenta ajena de estos empresarios se producirá con la concurrencia de las condiciones indicadas en los puntos anteriores.

SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: ARTÍCULO 44 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

En el caso de que la empresa antecesora estuviese afectada por un expediente de regulación temporal de empleo y se proceda a un cambio de empresa, conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se mantienen las mismas condiciones existentes antes del cambio, con el único requisito de comunicarlo a la autoridad laboral y al Servicio Público de Empleo Estatal.

En el caso de que la empresa sucesora estuviese afectada por un expediente de regulación temporal de empleo y se adscriban trabajadores, conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a los que se quiera incluir en dichas medidas de regulación de empleo, será necesario respecto de los mismos constatar por parte de la autoridad laboral que concurren las condiciones y causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

EXPEDIENTE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO: REINCORPORACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Solo por renuncia total comunicada de manera expresa ante la autoridad laboral dejan de desplegarse los efectos del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020.

La exoneración regulada en el artículo 4.2.a) del RDL 18/2020 precisa que resulte posible la reanudación parcial, pero ello no excluye el que la reanudación pueda ser total. La norma parte de que exista, al menos, una posibilidad de reanudación, aunque sea en parte, pero no limita que, cumplido ese presupuesto, la reanudación pueda abarcar a todos los trabajadores de la empresa.

En consecuencia, la reincorporación de todas las personas trabajadores, una vez cumplidos el resto de requisitos, no determina la finalización de las exenciones establecidas en el artículo 4.2.a).

EXPEDIENTE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO: REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES Y POSTERIOR SUSPENSIÓN

En el caso de que una empresa reactivara inicialmente a sus trabajadores y, con posterioridad, procediera a suspender nuevamente el contrato de algunos de dichos trabajadores, se tendría derecho, respecto a tales trabajadores a los que se les suspendió el contrato posteriormente, a la exoneración prevista en el artículo 4.2.b) del RDL 18/2020. Ello por cuanto tales trabajadores continúa con sus actividades suspendidas, con independencia de que, inicialmente, reanudaron la actividad.

TRABAJADORES INCLUIDOS EN UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO A LOS QUE NO SE RECONOZCA LA CORRESPONDIENTE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Los trabajadores que, habiendo sido incluidos en un expediente de regulación de empleo en virtud de lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, que no resulten perceptores de la correspondiente prestación de desempleo, se mantendrán en situación asimilada al alta durante el período en el que permanezcan en esta situación.

Próximamente se informará del procedimiento para identificar estas situaciones asimiladas al alta.

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: DISTINTOS CENTROS DE TRABAJO

Una empresa con un expediente de regulación temporal de empleo, al que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, puede estar a la vez en fuerza mayor parcial respecto de los centros de trabajo donde haya podido reiniciar su actividad y haya reincorporado a trabajadores, pero manteniendo los otros centros de trabajo en fuerza mayor total.

Una empresa que se encuentre en esta situación en el ámbito de una provincia -es decir, que tenga en situación de alta en un mismo código de cuenta de cotización a trabajadores que presten servicios en distintos centros de trabajo de la misma provincia, iniciándose la situación de fuerza mayor parcial en momentos distintos para todos o alguno de dichos centros de trabajo- deberá:

1. Comunicar la declaración responsable sobre el inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que hayan reiniciado la actividad. Es decir, deberá presentar la declaración responsable -CPC 059- con FECHA DESDE igual a la fecha de inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que reinicien su actividad.

2. Respecto de los trabajadores de alta en el mismo CCC, sobre el que se haya hecho la declaración responsable con las condiciones indicadas en el párrafo anterior, y adscritos a centros de trabajo en los que no se haya producido el inicio de la situación de fuerza mayor parcial, se procederá a efectuar una declaración responsable sobre el mantenimiento de la situación de fuerza mayor total.

Esta declaración se deberá realizar por cada uno de los trabajadores que se encuentren adscritos a los distintos centros de trabajo que no hayan reiniciado su actividad.

Dicha declaración se efectuará a través de un registro de situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434. La FECHA DESDE asociada a dicha declaración deberá ser idéntica a la del inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primer centro de trabajo que se haya reiniciado, es decir, deberá ser igual a la FECHA DESDE de la declaración responsable CPC 059.
Es decir, la declaración responsable que se efectúe a través de un registro con TIPO SAA 434 tendrá, respecto de los trabajadores del centro de trabajo en el que no se haya reiniciado la
actividad, el mismo efecto que las declaraciones responsable con CPC 058 y, por lo tanto, no se deberá presentar esta última declaración.

3. Una vez se haya procedido al inicio de la situación de fuerza mayor parcial del segundo y, en su caso, resto de centros de trabajo, se deberá proceder a presentar una declaración responsable sobre esta circunstancia.

Esta declaración responsable se deberá realizar por cada uno de los trabajadores adscritos a cada uno de los centros de trabajo que vayan a reiniciar su actividad.

Dicha declaración se efectuará, también, a través del registro de situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434 previamente creado -según lo indicado en el punto anterior-. A tal efecto se comunicará el campo FECHA HASTA de este registro de situaciones adicionales con valor igual al día inmediatamente anterior a aquél en el que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor parcial en el centro del trabajo donde figura adscrito.

Todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo que hubiese iniciado su situación de fuerza mayor parcial en un momento posterior a la del primer centro de trabajo reactivado, deberán tenerla misma FECHA HASTA de la declaración responsable identificada con el TIPO SAA 434, con independencia de que dichos trabajadores se reincorporen efectivamente a la actividad laboral endicha fecha o mantengan su situación de suspensión o reducción de jornada.

La comunicación de las declaraciones responsables identificadas a través de los registros con TIPO SAA 434 es independiente de la necesidad de mantener la identificación de los trabajadores, a los que se refiere la misma, con los valores V, W o X, según proceda.

La comunicación de estas declaraciones responsables se deberá realizar sólo en el caso de que se dé la circunstancia indicada en el primer párrafo de este apartado y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, es decir, con el objeto de que las exenciones en la cotización se apliquen por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la situación de fuerza mayor parcial.

Las declaraciones responsables con TIPO SAA 434 estarán disponibles a partir del próximo 15 de junio. No obstante, esto no impide que se puedan realizar las declaraciones responsables con CPC 058 o CPC 059, inclusive en aquellas empresas con centros de trabajo en los que concurra la situación a la que se refiere este apartado.

No obstante, en aquellas empresas en las que concurran las condiciones a las que se refiere este apartado, y que soliciten el cálculo de la liquidación de cuotas antes de comunicar las declaraciones responsables con TIPO SAA 434, se producirá el recalculo de la liquidación cuando se ejercite cualquier acción respecto dicha liquidación (envío de fichero de bases, confirmación por el usuario o de oficio…).

INICIO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

La declaración responsable a la que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020 -CPC 58 y 59- se podrán presentar a partir de la publicación del presente Boletín RED 14/2020.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. IRPF. Los plazos de reinversión en vivienda habitual durante el período de estado de alarma

El plazo de reinversión exigido para disfrutar de la exención en el IRPF por transmitir la vivienda habitual ha quedado suspendido durante el estado de alarma.. Según la DGT a efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se debe entender que el cómputo de dicho plazo está paralizado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Si ha vendido su vivienda habitual hace unos meses y obtuvo una ganancia patrimonial, recuerde que ésta queda exenta de tributar en el IRPF a condición de que reinvierta el importe obtenido en la venta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. Eso sí: para ello, es preciso que realice la compra de la nueva vivienda antes de que transcurran dos años desde la transmisión de la antigua. Si no reinvierte en dicho plazo, en el año del incumplimiento, deberá presentar una complementaria del IRPF del año de la transmisión e ingresar la diferencia más los intereses de demora.

Pues bien, hay que tener en cuenta que los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria han quedado suspendidos durante el estado de alarma hasta el 30 de mayo de 2020. La Dirección General de Tributos (DGT) aclara, en el supuesto específico de reinversión en vivienda habitual, que esta suspensión alcanza al plazo de reinversión.

La Ley del IRPF regula una exención por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, que está condicionada a que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. El Reglamento del impuesto exige que esa reinversión se realice de una sola vez o sucesivamente, en un período no superior a dos años desde la transmisión de la vivienda.

Dada la actual situación de crisis sanitaria, puede ser complicado cumplir con este requisito temporal en determinados casos.

En las consultas vinculantes CV1115-20, V1117-20 y V1118-20, todas de 28 de abril de 2020, la DGT aclara que:

a) El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece que desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria quedan suspendidos hasta el 30 de abril de 2020.

b) El posterior Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, amplió esa suspensión hasta el 30 de mayo de 2020.

c) Conforme a ello, a efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se debe entender que el cómputo de dicho plazo está paralizado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. Desde el 1 de junio vuelve a contar determinados plazos de actuaciones frente a Hacienda

Le recordamos que el Real Decreto-ley 8/2020, luego modificado por el Real Decreto-ley 15/2020, amplió determinados plazos que vencen el 30 de mayo, aunque este día y el siguiente son inhábiles, siendo el 1 de junio el siguiente hábil.

Le recordamos que el Real Decreto-ley 8/2020, luego modificado por el Real Decreto-ley 15/2020, amplió determinados plazos que vencen el 30 de mayo (desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020 quedaban suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria), aunque este día y el siguiente son inhábiles, siendo el 1 de junio el siguiente hábil.

Esto ocurre, por ejemplo, con los siguientes:

Plazo de pago de deudas liquidadas por la Administración, tanto en voluntaria como en apremio, que hayan sido notificadas antes o después del 14 de marzo, excepto que el plazo comunicado venza después de esa fecha.
Vencimiento de los plazos de los acuerdos de aplazamientos comunicados antes o después del 14 de marzo, excepto que el plazo comunicado venza después de esa fecha.
Plazos para efectuar alegaciones, atender requerimientos, etc., comunicados antes o después del 14 de marzo, excepto que el comunicado venza después de esa fecha.
El plazo para recurrir en reposición o para recurrir o reclamar en un procedimiento económico-administrativo empezará a contarse desde el 30 de mayo.
El plazo máximo para atender requerimientos o solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro, así como el de presentar alegaciones, tanto si la comunicación se ha recibido antes o después del 14 de marzo, excepto que el plazo comunicado venza después de esa fecha.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. Publicada en el BOE la Orden con las medidas de flexibilización en la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Se ha publicado en el BOE del día 30 de mayo se ha publicado la Orden SND/458/2020 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con efectos desde las 00:00 horas del día 1 de junio de 2020, y que afecta las unidades territoriales que pasan a esta fase, en concreto ahora las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y la isla de Formentera.

Le informamos que en BOE del día 30 de mayo se ha publicado la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con efectos desde las 00:00 horas del día 1 de junio de 2020, y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Desde el 1 de junio de 2020, el 70% del territorio español se encuentra ya en la fase 2 del plan para la transición hacia la nueva normalidad tras la crisis del coronavirus.

En concreto, pasan al segundo escalón las tres provincias valencianas, la comarca del Bierzo (Castilla y León), las provincias andaluzas de Málaga y Granada, tres áreas sanitarias de Cataluña y el municipio de Totana (Murcia), que se encontraba en fase 1 por un rebrote. Además, ascienden a fase 3 las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera (Canarias) y Formentera (Baleares). Estas son las fases en las que se encuentran cada zona y provincia de España:

mapa

El viernes 23 de mayo entraron en vigor nuevas medidas de relajación del confinamiento. En los municipios de 10.000 habitantes -casi el 90% de los municipios y donde vive el 10% de la población-, independientemente de la fase en la que se encuentren, se han suprimido las franjas horarias para paseos y actividades deportivas, los menores de 14 años pueden salir acompañados por más de un adulto y se autorizan los mercados al aire libre y la apertura de bares y restaurantes. En la Comunidad de Madrid, los niños pueden salir a pasear de 10.00 a 13.00h y de 17.00 a 21.00h. No obstante, en toda España es obligatorio el uso de mascarilla «en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia» de dos metros.

MEDIDAS FASE 3

De acuerdo con la Orden SND/458/2020 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las habilitaciones previstas en esta Orden, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección.

No podrán hacer uso de dichas habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su puesto de trabajo o para acudir a los locales, establecimientos, centros, o realizar las actividades a que se refiere esta orden, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Fomento de los medios no presenciales de trabajo

Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia.

No obstante lo anterior, las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, que deberán incluir recomendaciones sobre el uso de los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de seguridad a aplicar, la regulación de la vuelta al trabajo con horario escalonado para el personal, siempre que esto sea posible, así como la conciliación de la vida laboral y familiar.

Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva de personas en el ámbito laboral

Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, los centros deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración, atendiendo a la zona geográfica de la que se trate.

Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la probabilidad de coincidencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible o periódica.

Los ajustes a los que se refiere el párrafo anterior deberán efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades competentes, así como, en su caso, lo previsto en la normativa laboral y convencional que resulte de aplicación.

Además de introducir las medidas de higiene y prevención en el trabajo, con el fomento del teletrabajo, son de destacar las siguientes medidas:

Flexibilización de medidas de carácter social

Libertad de circulación
Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza.

No quedará reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno. En el caso de contacto social con personas que se encuentran dentro de los grupos considerados vulnerables al COVID-19, se deberán extremar las medidas de seguridad e higiene

Velatorios y entierros
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo, en cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire libre o de veinticinco personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Las comitivas para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de cincuenta personas.

Lugares de culto
Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento de su aforo.

Ceremonias nupciales
Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento de su aforo, y en todo caso un máximo de ciento cincuenta personas en espacios al aire libre o de setenta y cinco personas en espacios cerrados

Condiciones para el desarrollo de la actividad en establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados

Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales que, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, abran al público deberán cumplir todos los requisitos siguientes:

a) Que se reduzca al cincuenta por ciento el aforo total en los establecimientos y locales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.

En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un cliente.

b) Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo a excepción de lo previsto en los artículos 12 y 17.

Condiciones que deben cumplir los centros y parques comerciales abiertos al público
Se permitirá la apertura al público de los centros y parques comerciales, incluidas sus zonas comunes y recreativas, limitando el aforo al 50% en cada uno de los establecimientos y locales comerciales situados en ellos.

Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.
1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta en su interior.

2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores.

Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración

Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discoteca y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en el Capítulo IV.

El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, preferentemente mediante reserva previa. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes.

Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose el aforo al setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal.

Condiciones para la reapertura de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos que hubieran suspendido su apertura al público en virtud de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público establecimientos de alojamiento turístico, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo.

Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los distintos espacios comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras para su realización conforme al aforo máximo previsto en el artículo anterior y de acuerdo con las medidas de higiene, protección y distancia mínima señaladas.

Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, deberán ventilarse dos horas antes de su uso.

Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de veinte personas. Se deberá respetar la distancia mínima de seguridad entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el animador o entrenador. En caso de no poder respetarse esa distancia, se deberán utilizar mascarillas. Las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de material.

Otras medidas

Desde el artículo 22 al artículo 30 se establecen las medidas de flexibilización en el ámbito de la cultura.
En el Capítulo VII se prevén las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva.
En el Capítulo VIII se prevén las condiciones para el desarrollo de las actividades turísticas.
En el Capítulo IX se prevén las condiciones para la reapertura de los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios.
En el Capítulo X se prevén las condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos.
En el Capítulo XII se prevén las condiciones para la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil.

Ver:

Plan para la transición hacia una nueva normalidad – GUÍA DE LA FASE 3 (PDF)

Condiciones de movilidad por fases

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. ¿Qué causas pueden motivar un retraso en el reconocimiento de un ERTE y cómo se pueden subsanar?

El SEPE ha publicado una guía rápida para que se puedan identificar los posibles errores, así como su vía de solución, cometidos en el reconocimiento de las prestaciones de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Estimado/a cliente/a:

El SEPE ha publicado una guía rápida para que se puedan identificar los posibles errores, así como su vía de solución, cometidos en el reconocimiento de las prestaciones de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Las comunicaciones deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente por registro electrónico común, describiendo en el campo «Expone» el motivo de la remisión del nuevo Excel.

Consulta en la imagen de abajo los casos más comunes

guia

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. Nuevos sectores/actividades con directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2

El INSST ha publicado una serie de orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el entorno laboral, clasificadas por actividades o sectores

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicado una serie de orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición al COVID-19 en el entorno laboral, clasificadas por actividades o sectores

Los documentos recogen una selección no exhaustiva de medidas, las cuales deben ser implantadas y, en su caso, complementadas por las empresas en función de sus características y de los resultados obtenidos en sus evaluaciones de riesgo.

Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Sociales (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Transporte, Reparto y Carga-Descarga de Mercancías (20.05.20)
Directrices de buenas prácticas en la Industria (20.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Obras de Construcción (20.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Sector Comercio de Alimentación, Bebidas y Productos de 1º necesidad (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Centros Veterinarios y Sanidad Animal (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Minero (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Marítimo-Pesquero (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Agrícola y Ganadero (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector Estaciones de Servicio 12.05.20
Directrices de buenas prácticas en el Sector Servicios Funerarios (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector de Lavanderías Industriales (12.05.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades restauración entrega a domicilio (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en actividades de gestión y administración (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en Servicios de prensa y comunicación (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el Sector del Comercio Textil (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en las clínicas dentales (26.05.20)
Directrices de buenas prácticas en el sector de las oficinas de farmacia (26 05 20)
Instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria (26.05.20)

Ver documentos.

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COVID-19. Las claves del nuevo ingreso mínimo vital

En el BOE del día 1 de junio se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, que se configura como una nueva prestación económica en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social, que podrán solicitar todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde los 18 si el solicitante tiene menores a cargo, que lleven, al menos, un año de residencia legal en España. El acceso a la ayuda dependerá del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Además de los ingresos, se comprobará el patrimonio neto del solicitante, restando sus deudas, y sin tener en cuenta la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese día hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.

Le informamos que en el BOE del día 1 de junio se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, mediante una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y con efectos desde el 1 de junio de 2020.

La norma tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital (en adelante, IMV) como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

El IMV se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el presente RDL 20/2020. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva.

¿Qué es el ingreso mínimo vital (IMV)?

Se trata de una prestación no contributiva de carácter subjetivo e intransferible para aquellos hogares que se encuentren en situación de pobreza severa, actualmente agravada por la pandemia del coronavirus.

Su pago será mensual, cobrándose 12 pagas y se percibirá mientras existan los motivos que llevaron a su concesión

Beneficiarios de esta prestación

Habrá un titular del derecho, pero se destinará a la «unidad de convivencia», nuevo concepto que se recoge en este RDL para referirse a los miembros del hogar, formada por las personas que viven juntas, unidas por vínculo familiar o como pareja de hecho, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. El hecho de vivir juntas implica que algunos gastos se comparten y por eso se adapta la cantidad a cobrar.

Se considera que una familia es vulnerable cuando su renta mensual sea inferior, en los términos establecidos en el artículo 18, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 10.

Requisitos de los titulares de la «unidad de convivencia»:

– Tener entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Se ha puesto el límite en los 65 años porque con esta edad ya se perciben las pensiones no contributivas (462 euros mensuales como mínimo).

– Tener 18 años si el solicitante tiene menores a cargo, constituidos como hogar al menos un año.

– Si los beneficiarios viven solos, deberán encontrarse emancipados desde, al menos, tres años antes.

En los casos en que el titular de esta prestación se halle en situación de desempleo, se le exigirá que esté inscrito como demandante de empleo.

En un mismo domicilio podrá haber un máximo de dos titulares.

Para todos los tipos de hogar, se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

Estos colectivos especiales deberán acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios que las atienden o por los servicios sociales públicos. Además, en el Reglamento de desarrollo de la Ley se establecerán excepciones al requisito de inscripción como demandante de empleo.

No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio sanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

Rentas a tener en cuenta

Las reglas para el cómputo de las rentas que se tienen en cuenta se recogen en el artículo 18.

El ingreso mínimo vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales) hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente.

Se toma como referencia las declaraciones de Hacienda del año anterior; sin embargo, debido a las consecuencias económicas que ha provocado el covid-19, en la disposición transitoria 3ª se permite el acceso de este colectivo teniendo en cuenta los ingresos proporcionales correspondientes al periodo de tiempo transcurrido de este año.

Se medirán el nivel de renta y el nivel de patrimonio inmobiliario, sin contar la vivienda habitual y financiero establecido en el art. 18.5

Límites de patrimonio en 2019 para acceder a la ayuda en 2020

Esos umbrales están vinculados a los del ingreso mínimo vital y parten de la base de tres veces la pensión contributiva (16.614) con multiplicadores según sean mayores las unidades de convivencia (Anexo II).

Unidades de convivencia y Límites de patrimonio

Un adulto

16.614,00 €

Un adulto y un niño

23.259,60 €

Un adulto y dos niños

29.905,20 €

Un adulto y tres o más niños

36.550,80 €

Dos adultos

23.259,60 €

Dos adultos y un niño

29.905,20 €

Dos adultos y dos niños

36.550,80 €

Dos adultos y tres o más niños

43.196,40 €

Tres adultos

29.905,20 €

Tres adultos y un niño

36.550,80 €

Tres adultos y dos niños

43.196,40 €

Cuatro adultos

36.550,80 €

Cuatro adultos y un niño

43.196,40 €

Otras familias

43.196,40 €

 

Vemos que el límite de patrimonio aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia. Es de 16.614 euros para una persona que viva sola, y se irá incrementando por cada miembro adicional hasta un máximo de 43.196 euros.

Esta prestación es compatible con ayudas sociales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia y otras similares, y también con las rentas sociales autonómicas. Y respecto al alquiler de la vivienda, el reglamento de la Ley contemplará posibles incrementos de la cantidad a percibir como IMV cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual.

Cuantía de la prestación

El ingreso mínimo vital parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar (0,3 por cada adulto/menor) y un beneficio para los hogares monoparentales (plus 0,22), de acuerdo con la siguiente tabla:

https://imgs.wolterskluwer.es/5/9/5/2/im0001605952.jpg

No se trata de una cuantía fija, sino de un complemento hasta llegar al mínimo establecido.

Se establecen 14 tipos de hogar con umbrales distintos de renta, con especial atención a las familias monoparentales.

https://imgs.wolterskluwer.es/5/9/0/5/im0001605905.jpg

Como vemos, el mínimo para un hogar de una sola persona está en 461 euros por 12 pagas, que es el equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social (395,60 euros por 14 pagas). A partir de esta cuantía, se aplica una serie coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, con especial atención a las familias monoparentales (80% son mujeres).

La cuantía de la prestación se modificará si cambian las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia.

Solicitud de la prestación

Durante el mes de junio, la Seguridad Social concederá «de oficio» esta prestación para los hogares ya catalogados en pobreza extrema: se estiman unos 100.000, especialmente personas que reciban prestación con hijo a cargo.

A través de un sistema multicanal se trabajará con organismos autonómicos y locales, como los ayuntamientos, quienes mejor pueden identificar los hogares necesitados para llegar a más hogares.

A partir del 15 de junio se podrá solicitar a través del portal de la Seguridad Social. También se podrá enviar la solicitud por correo ordinario. La Seguridad Social tiene tres meses para responder, y si en este plazo no responde se entiende denegada la solicitud.

Además, para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.

Se firmarán convenios con las comunidades autónomas y las entidades locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.

Será necesario presentar los siguientes documentos (art. 19):

– DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.

– Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.

– Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.

– Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento o libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.

No será necesario acreditar los ingresos y el patrimonio: la realizará de manera automática el Instituto Nacional de la Seguridad Social contando con la información de la Hacienda Pública. Tampoco será necesario haber presentado la declaración de la Renta.

Fecha de cobro de la prestación

A finales de junio se hará el ingreso a las familias a las que, de oficio, se reconozca esta prestación.

Todas las solicitudes que se cursen desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre se cobrarán con efecto retroactivo a 1 de junio.

Rentas básicas de inserción de las CCAA

La renta mínima nacional será el mínimo; las prestaciones de renta mínima de las comunidades autónomas que ya disponen de la misma serán complementarias y subsidiarias a la nacional. Ello conllevará que las autonomías deban redefinir sus prestaciones partiendo del mínimo estatal garantizado, decidiendo dónde complementan o si se centran en un colectivo que no quede cubierto por el IMV, bien adaptándolo a los diferentes niveles de precios que existen en unos territorios y otros, o bien para complementando, por ejemplo, de vivienda o por otras circunstancias que las CCAA consideren.

La gestión de este ingreso mínimo vital se hará por parte del Gobierno central, a excepción de País Vasco y Navarra: por su régimen foral, serán ellas mismas quienes gestionen esta prestación. Cataluña y la Comunitat Valenciana han pedido también su gestión.

Ver los programas vigentes en las distintas comunidades autónomas.

Posibilidad de trabajar durante el cobro de esta prestación

Se podrá trabajar siempre y cuando con estos nuevos ingresos, tanto laborales como los obtenidos por las personas autónomas, no se supere el umbral de renta establecido como mínimo para el hogar en cuestión.

En el supuesto que el titular encuentre trabajo, parte de su salario estará transitoriamente exento en el cálculo de la prestación. Y si el titular ya trabaja y su salario incrementa, la cuantía de la prestación se reducirá en una cuantía inferior. No se incluye en este RDL, pero aclara que se desarrollará en un reglamento posterior.

Itinerarios de empleo y Sello Social

Como ya se ha indicado, uno de los objetivos de este ingreso mínimo vital es que sea una situación transitoria hacia una búsqueda activa de empleo. Por ello, para poder beneficiarse de esta prestación se establece la obligación de cumplir con itinerarios laborales o de inclusión, que se definirán a partir de convenios con autonomías y ayuntamientos.

También se crea el Sello Social: una acreditación para las empresas privadas que ayuden a los colectivos vulnerables con descuento en compras a través de la tarjeta social digital, que permitan su integración en el mercado de trabajo o que incorporen en sus plantillas a personas beneficiarias de esta prestación. Incluso va a haber incentivos de Seguridad Social para la contratación de los beneficiarios. El RDL remite la regulación de este Sello Social a su desarrollo reglamentario.

Tarjeta Social Digital

Se crea la Tarjeta Social Digital con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes Administraciones públicas.

Otras ventajas de cobrar el IMV

El beneficiario/a del IMV tiene derecho a la exención de las tasas universitarias por el estudio de títulos oficiales al menos durante el curso 2020/2021.

Y también a la exención de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.

Suspensión del derecho

El art. 14 recoge las causas por las que se puede suspender el cobro del ingreso mínimo vital, que son:

Pérdida temporal de algunos de los requisitos establecidos.
Incumplimiento temporal o indicios de ello por parte del titular del derecho o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, obligaciones recogidas en el art. 33.
Traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a 90 días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.
Si las causas de la suspensión persisten durante un año, el derecho a la prestación se extinguirá.

Extinción del derecho

Se dejará de percibir esta prestación por:

Fallecimiento del titular del derecho. Si otro miembro de la unidad de convivencia cumple con los requisitos para ser titular, se podrá presentación una nueva solicitud en el plazo de tres meses desde el fallecimiento.
Pérdida definitiva de alguno de los requisitos.
Resolución de un procedimiento sancionador.
Salida del territorio nacional sin comunicación (art. 14.2).
Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia (art. 8.4).
Prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital durante 2020

La disposición transitoria 1ª del RDL 20/2020 determina la prestación transitoria del ingreso mínimo vital durante 2020, para los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, que cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea inferior al importe de la prestación del ingreso mínimo vital. Esta prestación transitoria será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %: no se podrá cobrar el ingreso mínimo vital si existe el mismo causante o beneficiario. Sin embargo, cabe la posibilidad de opción por una de ellas.

La disposición transitoria 7ª regula la integración de la prestación por hijo o menor a cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. Desde el 1 de junio de 2020, no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, sin perjuicio de las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital, que podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social.

A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria pasarán a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas

El INSS podrá revisar de oficio las prestaciones que se estén percibiendo y declarar o exigir la devolución de lo indebidamente percibido en los supuestos que se hayan extinguido las causas que por la que concedió, o cuando el importe a percibir sea inferior al importe percibido.

Infracciones y sanciones

El artículo 34 recoge qué infracciones se pueden aplicar a los sujetos responsables: infracciones leves, como no entregar la documentación requerida; infracciones graves, caso de no comunicar posibles cambios en la situación del hogar; o infracciones muy graves, como puede ser actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan.

La sanción va de un simple apercibimiento en el primer caso a la pérdida de la ayuda y el pago de una cuantía equivalente a seis meses.

Comisión de seguimiento Consejo Consultivo

El artículo 30 recoge la creación de la Comisión de seguimiento de la aplicación del ingreso mínimo vital y sus correspondientes funciones, la cual estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

También se crea el Consejo Consultivo, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales

El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión.

Inclusión en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas

De acuerdo con la disposición adicional 2ª, las prestaciones del ingreso mínimo vital se incluyen en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

Modificación de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)

La disposición final 4ª modifica distintos artículos de la LGSS para adecuar esta nueva prestación al Sistema General de la Seguridad Social. De entre estas modificaciones, destacamos la del artículo 42.1.c LGSS, para para incluir la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y así incorporar las necesarias obligaciones de facilitación de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios Sociales y organismos competentes autonómicos.

También se da nueva redacción a los arts. 351, 352 y 353 LGSS, que enumeran las prestaciones familiares no contributivas, la asignación económica de hijo o menor a cargo y sus cuantías.

Futuro Reglamento de aplicación

Con la disposición final 10ª se abre la posibilidad de la redacción de un reglamento que fije las condiciones para situaciones individuales de caídas de ingresos en un año, y para que el afectado no tenga que esperar todo el año.

Ver: Presentación del Ingreso Mínimo Vital (PDF)

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Aduanas. ¿Está su empresa preparada para el ICS2: Sistema de Control de la Importación 2?

En la página web de la Agencia Tributaria se ha publicado una nota con información relativa al Sistema de Control de la Importación 2. El ICS2 es el nuevo sistema de información anticipada sobre la carga desarrollado por las aduanas de la UE para facilitar el libre flujo de intercambios comerciales mediante procesos optimizados de seguridad aduanera basados en datos y adaptados a modelos globales de negocio. Mediante este sistema se recopilarán datos sobre todas las mercancías que accedan a la UE antes de su llegada. Afectará directamente a todos los operadores económicos que participan en actividades de manipulación, expedición y transporte de mercancías y envíos urgentes y postales. Estos deberán facilitar datos sobre seguridad y protección al ICS2

En la página web de la Agencia Tributaria se ha publicado una nota con información relativa al Sistema de Control de la Importación 2.

El ICS2 es el nuevo sistema de información anticipada sobre la carga desarrollado por las aduanas de la UE para facilitar el libre flujo de intercambios comerciales mediante procesos optimizados de seguridad aduanera basados en datos y adaptados a modelos globales de negocio. Mediante este sistema se recopilarán datos sobre todas las mercancías que accedan a la UE antes de su llegada.

Las autoridades aduaneras lo emplearán para garantizar la seguridad y protección de todas las personas que residen en la UE.

¿A QUIÉN AFECTA EL ICS2?

Directamente: Todos los operadores económicos que participan en actividades de manipulación, expedición y transporte de mercancías y envíos urgentes y postales. Estos deberán facilitar datos sobre seguridad y protección al ICS2.

Indirectamente: Todos los fabricantes, exportadores y personas físicas establecidos fuera de la UE que deseen enviar mercancías a o a través de la UE. Tendrán que facilitar la información necesaria a las partes afectadas directamente

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL ICS2?

Refuerza la protección de los ciudadanos de la UE y del mercado interior ante amenazas que pongan en riesgo su seguridad.
Permite a las autoridades aduaneras de la UE identificar más fácilmente los envíos de alto riesgo e intervenir en el punto más oportuno de la cadena de suministro.
Facilita el despacho transfronterizo del comercio legítimo, que es la mayor parte.
Simplifica el intercambio de información entre los operadores económicos (OE) y las autoridades aduaneras de la UE.

¿CÓMO PREPARARSE PARA EL ICS2?

Adapte los procesos de su empresa.
Tome las medidas necesarias para garantizar la provisión de datos precisos y de alta calidad.
Desarrolle o actualice sus sistemas informáticos de intercambio de información.
Proporcione formación y apoyo a sus empleados.
SI NO SE PREPARA A TIEMPO

Si no se envían los datos necesarios a ICS2, los envíos/mercancías serán retenidos en las aduanas de las fronteras de la UE.
Las autoridades aduaneras no procederán al despacho de las mercancías.
Las declaraciones deficientes serán rechazadas o sometidas a intervenciones innecesarias, y podrían dar lugar a sanciones por incumplimiento
¿CUÁNDO DEBO ESTAR PREPARADO/A?

Cada entrega afecta a distintos OE y modos de transporte. Los OE comenzarán a hacer declaraciones al ICS2 en un momento u otro dependiendo del tipo de servicios que presten, con fechas que van desde el 15-03-2021 a 01-03-2024.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,