COVID-19. Ayudas para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo: Plan MOVES II

El Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, que entró en vigor el día 18 de junio de 2020, por el que se regula el Programa MOVES II, establece las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, a las comunidades autónomas para fomentar la movilidad sostenible.

Le informamos que en el BOE del día 17 de junio se ha publicado el El Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, que entró en vigor el día 18 de junio de 2020, por el que se regula el Programa MOVES II, establece las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas, en forma de subvenciones, a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, para fomentar la movilidad sostenible.

Empresas y autónomos (teniendo en cuenta los requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias) podrán beneficiarse de las ayudas previstas para:

– La adquisición de vehículos de energías alternativas;
– La puesta en marcha de puntos de recarga eléctrica;
– La implantación de sistemas de préstamos de bicicletas y,
– Por lo que aquí ahora interesa, de las contempladas para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo.

Para la implantación de actuaciones de movilidad sostenible a los centros de trabajo o centros de actividad que tengan como objetivo actuar sobre la movilidad de los trabajadores, clientes o cualquier otro tipo de usuario en su acceso a un centro de actividad de una entidad concreta, la ayuda se destina a financiar medidas llevadas a cabo por personas físicas que desarrollen actividades económicas (habrán de estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), por personas jurídicas (válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud), y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, cuyo NIF comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.

Las actuaciones susceptibles de esta ayuda deberán estar incluidas en un Plan de Transporte al Centro de Trabajo (PTT) y en alguna de las siguientes tipologías:

– Actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta (inversión en aparcamiento de bicicletas, dotación de vestuarios, etc.).
– Disposición de líneas específicas de transporte colectivo y autobuses lanzadera a los centros de trabajo o actividad.

– Actuaciones para facilitar y fomentar el uso del transporte público o colectivo.
– Plataformas y sistemas de vehículos compartidos.

El coste subvencionable será el asociado a la ejecución de las actuaciones planteadas que deberá realizarse, en todo caso, con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud en la convocatoria correspondiente.

El coste de elaboración o modificación del PTT será subvencionable si este se elaborase con posterioridad a la solicitud de la ayuda (y conforme a la metodología de la «Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Transporte al Trabajo»), y siempre que se acompañe de la puesta en marcha de alguna de sus actuaciones de tal manera que se consigan ahorros energéticos.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Las inspecciones tributarias se podrán desarrollar por vía telemática

En el BOE de 17 de junio de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, en el que, entre otras normas, se modifica la Ley General Tributaria para establecer que las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales (videoconferencias u otros sistemas similares).

Le informamos que el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio (publicado en el BOE y en vigor el 17 de junio), que regula la creación del Fondo COVID-19 y establece las reglas relativas a su distribución y libramiento, ha modificado la Ley General Tributaria, para regular las actuaciones mediante videoconferencias u otro sistema similar en los procedimientos de aplicación de los tributos.

Desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios

Se establece que las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

Asimismo, precisa que será la Administración tributaria la que determine la utilización de estos sistemas si bien requiere la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.

Lugar de las actuaciones inspectoras

También se modifica el contenido relativo al lugar de las actuaciones inspectoras, para establecer que las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse también además de en los lugares habituales (domicilio fiscal del obligado tributario, donde se realicen las actividades gravadas…) en otro lugar cuando las mismas se realicen a través de los sistemas digitales, precisando también que su utilización requiere la conformidad del obligado tributario.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Arranca el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital

Desde el 15 de junio de 2020 se puede solicitar el ingreso mínimo vital, la nueva prestación económica en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social. La solicitud debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y, cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá efectuar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Las solicitudes que se presenten durante los tres primeros meses serán reconocidas con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Después de este plazo, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) enviará un sms a los solicitantes que resulten beneficiarios de la ayuda

Como ya le hemos venido informando, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, ha regulado el ingreso mínimo vital, mediante una prestación no contributiva de la Seguridad Social, y con efectos desde el 1 de junio de 2020.

La norma tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital (en adelante, IMV) como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

El IMV se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el presente RDL 20/2020.

¿Cómo y cuándo pedir el Ingreso Mínimo Vital?

Desde el 15 de junio de 2020 se puede solicitar la nueva prestación de la Seguridad Social: el ingreso mínimo vital.

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Para solicitarlo o se han habilitado dos opciones:

Si dispone de certificado electrónico o usuario y contraseña en cl@ve lo puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social adjuntando también la documentación necesaria y rellenando los datos del formulario. Esta opción es la más recomendable por lo que se ha habilitado la posibilidad de utilizar este servicio con la ayuda de una persona que disponga de certificado electrónico o cl@ve y que actuará en calidad de representante. Podrá acceder desde este enlace, seleccionando el método de autenticación.
Si no dispone de certificado digital o usuario y contraseña en cl@ve podrá utilizar el servicio habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la Sede Electrónica para su solicitud sin certificado al que puede acceder desde este enlace, donde se abrirá un formulario para rellenar con los datos del solicitante y de los posibles beneficiarios que formen parte de la unidad de convivencia, sus documentos identificativos y la documentación necesaria para resolver la solicitud.
¿Cómo rellenar el formulario?

De cara a completar el formulario, es recomendable leer las indicaciones que figuran una vez accedemos a la página si pinchamos sobre la pregunta de ¿Cómo debo rellenar el formulario de solicitud del ingreso Mínimo Vital?

En ese apartado encontraremos instrucciones sobre cómo rellenar cada uno de los apartados del formulario:

Datos del solicitante:
datos personales
datos de el/la representante legal
datos relativos al alojamiento
de la unidad de convivencia
situación laboral
Personas que integran la unidad de convivencia y sus datos
Declaración de ingresos y patrimonio
Datos fiscales y domicilio para comunicaciones (si son distintos al indicado para la solicitud)
Alegaciones que se deban tener en consideración y no estén recogidas en el formulario
Cuenta bancaria para el cobro de la prestación
Apartado para documentación
Es obligatorio que adjunte un documento en el que figure un texto como el siguiente o similar:

«Sirva este escrito que acompaño a mi solicitud de fecha………..como acreditación de mi voluntad de solicitar el ingreso mínimo vital.

Firmado:

A continuación debe figurar el nombre, apellidos, firma manuscrita y número de DNI/NIE del solicitante y, en caso de haberlos, el nombre, apellidos, firma manuscrita para cada miembro de la unidad de convivencia.

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Documentación

Es también conveniente, antes de comenzar la solicitud, revisar la documentación necesaria. Podrá comprobarla pinchando sobre la pregunta ¿qué documentación me van a pedir? que aparece al abrir el formulario

En este apartado encontrará toda la documentación pertinente para acreditar cada una de las situaciones, desde la identidad, a su situación administrativa, familiar, de residencia, patrimonial, las excepciones a las que tenga derecho, etc.

La documentación básica que necesitará es:

Para acreditar la identidad: DNI o NIE en el caso de extranjeros.
Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de identidad de extranjeros.
Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio y la fecha de antigüedad.
Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos, o inscripción en el registro de parejas de hecho.
¿Cómo consulto el estado de mi solicitud?

El formulario recoge también un apartado que le indica cómo comprobar el estado de su solicitud. Para ello necesitará el código de solicitud que le aparece al finalizar el proceso, una vez confirmada y después de que haya podido revisar los datos introducidos en la última página del formulario.

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Con este código de solicitud, podrá comprobar su estado a través del servicio «Aportar documentación a una solicitud» que figura en el propio formulario y que sirve también para incluir documentación adicional.

Otros canales

Una vez que la situación sanitaria lo permita, la solicitud se podrá hacer también en la red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), hasta entonces también puede enviarse la solicitud y la documentación por correo ordinario.

Además, se está trabajando para que se pueda acceder a través de ayuntamientos, una vez se firmen los convenios previstos.

Si tiene dudas sobre si tiene derecho a percibirlo, puede probar el simulador habilitado para ello pinchando en este enlace. Además, puede hacer consultas a través del teléfono gratuito 900 20 22 22 o utilizando a ISSA, el asistente virtual de la Seguridad Social accesible tanto en la web como en la Sede Electrónica.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Jubilación del autónomo en caso de suspensión del contrato de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena por ERTE

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha publicado el Criterio de Gestión 12/2020, sobre si procede reconocer o mantener la jubilación activa plena a un autónomo que continúa desarrollando personalmente la actividad de su empresa, pese a que todos los trabajadores por cuenta ajena que tiene contratados tengan suspendido su contrato de trabajo por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha publicado el Criterio de Gestión 12/2020, de 19 de mayo de 2020, sobre si procede reconocer o mantener la jubilación activa plena a un autónomo que continúa desarrollando personalmente la actividad de su empresa, pese a que todos los trabajadores por cuenta ajena que tiene contratados tengan suspendido su contrato de trabajo por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

El criterio de gestión sobre este asunto, es contestado por el INSS, señalando lo siguiente:

El artículo 214.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, permite que la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcance el 100% si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.

El criterio de esta Entidad gestora 18/2018 señala que se entenderá cumplido el requisito anterior si el trabajador autónomo acredita la formalización, como empleador, de un contrato de trabajo -a jornada completa o parcial- para el desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la actividad por la que haya dado lugar a su alta en el sistema de Seguridad Social como trabajador autónomo.

No obstante, por parte de esta Entidad gestora se elevó consulta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre si, en caso de que el contrato del trabajador por cuenta ajena se suspenda con motivo de un ERTE, cabe reconocer o mantener el percibo del 100% de la pensión de jubilación compatible con la actividad -por cuanto el contrato se mantiene aunque suspendido- o si, por el contrario, el autónomo pasaría a cobrar el 50% de la pensión de jubilación al entenderse que deja de cumplirse el requisito necesario para poder percibir la jubilación activa plena.

En informe de fecha 8 de mayo de 2020, ese Centro Directivo manifiesta que esta misma duda debería suscitarse en relación con las restantes causas de suspensión del contrato de trabajo previstas en el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (TRLET) y señala que » en todos los casos en los que la suspensión del contrato conlleva mantener la obligación de cotizar no parece que haya justificación alguna para no tener en cuenta el contrato suspendido a efectos de reconocer o mantener la pensión de jubilación activa . Por el contrario, en el resto los supuestos de suspensión del contrato, dado que no existe obligación alguna por parte del empresario mientras se mantiene dicha suspensión, sino únicamente la de admitir la reincorporación del trabajador cuando aquélla finalice, no parece que deba beneficiarse de lo previsto en el artículo 214.2 del TRLGSS.»

En respuesta a la cuestión concreta planteada por esta Entidad, en el citado informe se señala que «(…) puesto que en el caso planteado, de contratos suspendidos en virtud de ERTEs, el artículo 273.2 del TRLGSS determina que «En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior», no hay motivo para que el trabajador autónomo que tenga la totalidad su plantilla en estas circunstancias no pueda beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 214.2 del mismo texto legal.

Conviene aclarar que este criterio es aplicable también en el caso de ERTEs acogidos a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, respecto de los cuales, de acuerdo con el artículo 24 del mismo real decreto-ley, el empresario está exonerado del abono del pago de la cuota empresarial si a 29 de febrero de 2020 tenía menos de 50 trabajadores contratados. En estos casos, aunque se exonera al empresario del abono del pago de la cuota de Seguridad Social que le corresponde, solo se debe a las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, que no afectan a la norma general del artículo 273.2 del TRLGSS que establece la obligación del mismo de seguir cotizando en tanto se mantenga el ERTE.»

En razón de lo expuesto, cabe concluir lo siguiente:

1. Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el artículo 45 del TRLET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga.

2. Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Esta información ha sido elaborada teniendo en cuenta la legislación vigente en la fecha que figura en el encabezamiento y se presta en virtud del derecho previsto en el artículo 53, letra f), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiendo que dicha información no produce más efectos que los puramente ilustrativos y de orientación.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Los intereses satisfechos como consecuencia del aplazamiento de deudas tributarias por el COVID-19 ¿están sujetos al límite de deducibilidad de gastos financieros previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades?

Los intereses de demora tributarios se califican como gastos financieros y por lo tanto estarán sujetos al límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio según lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Como ya le informamos en su día, de acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia tributaria para paliar los efectos del COVID-19, se ha ampliado a cuatro meses (antes tres meses) el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los artículos 14 del RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y 52 del RD-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Estas modificaciones se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo.

Limitación deducción gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades

Pues bien, cabe preguntarse si los intereses satisfechos como consecuencia del aplazamiento de deudas tributarias por el COVID-19 que generan intereses transcurrido el periodo de carencia de 4/3 meses están sujetas al límite de deducibilidad de gastos financieros previsto en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Hay que recordar que los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 % del beneficio operativo del ejercicio. Si bien, en todo caso, serán deducibles los gastos financieros netos del periodo impositivo por importe de 1.000.000 de euros.

No obstante, esta limitación se convierte en la práctica en una regla de imputación temporal, puesto que se permite para aquellos gastos financieros que no hayan podido ser objeto de deducción su deducibilidad en los periodos impositivos siguientes, conjuntamente con los del periodo impositivo correspondiente, y con el límite anteriormente señalado.

Pues bien la AEAT ha señalado Los intereses de demora tributarios se califican como gastos financieros y por lo tanto estarán sujetos al límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio según lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. El Gobierno aprueba un último tramo de 15.500 millones en avales del ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se activa el un último tramo de 15.500 millones en avales del ICO, de los que 7.500 millones se pondrán a disposición de autónomos y pymes y 5.000 millones para grandes empresas. Hay un importe de 2.500 millones de euros a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas y un importe de 500 millones de euros a empresas y autónomos para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, con el fin de paliar los efectos en su actividad como consecuencia del COVID-19.

Le informamos que el Consejo de Ministros del pasado 16 de junio ha activado el quinto y último tramo de la Línea de Avales ICO aprobada el pasado 17 de marzo para garantizar la liquidez de empresas y autónomos.

En el BOE del día 17 de junio 2020 se ha publicado la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

En esta ocasión se movilizan 15.500 millones de euros, de los que 7.500 millones se destinan a autónomos y pymes, 2.500 se reservan al sector turístico y 500 serán para adquisición de vehículos de uso profesional, con el fin de impulsar la renovación del parque de vehículos y fomentar la movilidad sostenible.

Hasta el pasado 14 de junio se han puesto a disposición de las empresas españolas más de 69.000 millones de euros a través de 565.110 operaciones. Los principales beneficiarios han sido pymes y autónomos, que han suscrito, hasta ahora, el 98% del total de los préstamos aprobados, y el sector turístico es el que ha recibido mayor línea de financiación, según se indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Características de la Línea de Avales

El quinto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo modo de tramitación de los anteriores para los préstamos destinados a empresas y autónomos. Podrán solicitar estos avales hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

La distribución de la línea de avales para autónomos y empresas entre los operadores se llevará a cabo con los mismos criterios que los establecidos en los tramos anteriores, en función de la cuota de mercado comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019.

El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

Los importes destinados a los sectores del turismo y el automóvil se distribuirán a demanda en función de los créditos aprobados por las entidades financieras.

Ver : Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. El Gobierno confirma que ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad a autónomos más allá del 30 de junio

El Gobierno ampliará la ayuda extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos más allá del 30 de junio, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La finalización del reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad el 30 de junio ha generado una situación de incertidumbre en este colectivo. No obstante, queremos informarles de que el Gobierno tiene la intención de ampliar esta ayuda más allá del 30 de junio 2020, tal y como va a ocurrir con los ERTE de fuerza mayor para los asalariados. Así lo confirmó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante una rueda de prensa telemática ofrecida en el Consejo General de Economistas y donde aseguró que aún no se pueden confirmar las condiciones en las que se prorrogará esta ayuda ya que aún está siendo acordado con los agentes sociales, las asociaciones representantes del trabajo autónomo, y que además debe pasar el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La prestación extraordinaria fue introducida en pleno estado de alarma por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para cubrir «la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria».

Su duración viene aparejada necesariamente a la del estado de alarma, cuya sexta y última prórroga tiene un plazo de vigencia del 8 al 21 de junio. Teniendo en cuenta la normativa dictada en el periodo de crisis sanitaria y salvo acuerdo en contrario, el 30 de junio finalizará la vigencia de la prestación.

Propuestas del colectivo de autónomos para prorrogar la prestación

Las principales asociaciones de trabajadores autónomos, ATA, UPTA y UATAE han venido solicitado a los ministros de Economía, Trabajo e Inclusión desvincular al estado de alarma la duración de la prestación extraordinaria, así como la exoneración del pago de la cuota de autónomos. Estas asociaciones fundamentan sus demandas en la decisión del Ejecutivo de permitir, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, la prórroga de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para determinados sectores de actividad, en función de los datos que recaba periódicamente la Comisión de seguimiento tripartita laboral; también ponen como ejemplo la situación particular de colectivos con características similares que sí han visto protegidos sus derechos (como los trabajadores asalariados fijos discontinuos).

Por ello, se ha reclamado:

La prórroga de la prestación, en algunos casos hasta el 31 de diciembre.
El mantenimiento de la misma hasta que las cifras de facturación permitan al colectivo disponer de los recursos económicos para encarar la nueva normalidad con mínimas garantías, y para puedan asumir los gastos que generan sus negocios.
El uso de la prestación vinculada a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como a un criterio de descenso de los ingresos.
El estudio particularizado de cada caso, ya que una misma actividad puede no presentar la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en que se desarrolla.
Definir la prestación extraordinaria en periodos trimestrales, para facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en lo que se refiere a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.
En cuanto al procedimiento que oficialmente solicitaron en su día las asociaciones ATA y UPTA de forma conjunta para una «nueva prestación extraordinaria», distingue:

La posibilidad de prórroga de la prestación extraordinaria mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a partir del 30 de junio.
El acceso de trabajadores que, estando afiliados y en situación de alta y habiéndola mantenido durante el segundo trimestre de 2020, no sean beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y se encuentren en uno de los siguientes supuestos: ver su actividad afectada por restricción debida a medidas y protocolos sanitarios más allá del 30 de junio; y que sus ingresos se hayan visto reducidos al menos en un 75% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de este año. Se debería mantener la afiliación y la situación de alta durante el periodo de cobro de esta nueva prestación.
La incorporación de trabajadores autónomos no beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad que, estando afiliados y en situación de alta a 31 de mayo (recordemos que la solicitud al Gobierno se materializó en ese mes) no hayan solicitado la prestación, y los trabajadores que acrediten haber cotizado, al menos, 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019 (actividades de temporada), siempre que cumplan alguno de los requisitos señalados en el párrafo anterior y mantengan la afiliación y el alta.
Una prestación extraordinaria de cese de actividad desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre, cuando persista el hecho causante que motivó su concesión en el trimestre anterior (este caso llevaría únicamente a la exoneración del 50% de la cuota de Seguridad Social, y no a la que sería general en esta propuesta, del 75%).
Para los supuestos de no renovación automática, los trámites se iniciarían con un plazo de solicitud durante los diez primeros días hábiles del mes de julio, ante la mutua correspondiente y aportando una declaración responsable. Las propias mutuas emitirían una resolución provisional de concesión, que daría derecho al cobro de la prestación, sin perjuicio de la revisión posterior.

Por tanto, la principal reclamación se extendería, según esta propuesta, hasta el 30 de septiembre, previendo además que mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se pueda prorrogar aún más hasta fin de año, en atención a las restricciones de la actividad por razones sanitarias que subsistan llegada esa fecha.

Por otro lado, y aparte de la extensión temporal de la prestación, también se ha instado un subsidio especial para autónomos vinculados a actividades estacionales e incentivos fiscales, entre otras muchas propuestas.

Hasta el momento, y sin perjuicio de medidas de refuerzo para determinados colectivos (trabajadores agrarios, artistas en espectáculos públicos, etc.) no se ha adoptado la medida de prorrogar la prestación extraordinaria, ni la adopción de planes a largo plazo que atiendan a los múltiples factores que afectan a los autónomos.

En consecuencia, estos trabajadores se encuentran ante el fin de la prestación extraordinaria y una situación de incertidumbre e inseguridad, dadas las dificultades de muchos sectores de actividad económica y teniendo en cuenta que la reapertura de sus negocios conlleva una serie de costes laborales y gastos que no podrían compensarse sin este apoyo.

Recordemos que la prestación es una medida más de protección, que se acompaña de otras como el reconocimiento y pago de ayudas, créditos ICO (solicitados por más de un millón de autónomos), microcréditos, la moratoria en el pago de las cuotas o el aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social, así como diversas líneas de subvención estatales y autonómicas

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Publicados nuevos modelos fiscales de regularización voluntaria de la deuda tributaria (delitos contra la Hacienda Pública)

Se ha publicado en el BOE del día 16 de junio, la Orden HAC/530/2020 por la que se aprueban los modelos los modelos 770 “Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria” y 771 “Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria”, y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

Le informamos que en el BOE del día 16 de junio, y con efectos desde el día 26 de junio de 2020, se ha publicado la Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, que desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003 General Tributaria, por la que se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria» y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT introdujo un nuevo artículo 252 y habilitó, en su disposición final décima, la aprobación de los modelos para la regularización voluntaria de la deuda tributaria prevista en el artículo 252 de la LGT, en casos de delitos contra la Hacienda Pública.

Para instrumentar esa regularización voluntaria, el citado artículo 252 distingue dos tipos de tributos, en coherencia con la configuración legal que nuestro Ordenamiento Jurídico Tributario efectúa en materia de reconocimiento, liquidación y pago de los mismos:

Tributos que deben ser objeto de autoliquidación por los obligados tributarios, tales como, entre otros, el IRPF, el IRNR, el IS o el IVA.
Tributos que se exigen mediante la presentación de declaraciones por los obligados tributarios y posterior liquidación practicada por la propia Administración Tributaria.
Esta norma que estamos reseñando es aplicable, exclusivamente, a los tributos que son objeto del procedimiento de autoliquidación, quedando sujetos, los restantes, al régimen general y como hemos señalado anteriormente aprueba los siguientes modelos:

Modelo 770 destinado a la autoliquidación e ingreso de intereses de demora y recargos legalmente devengados para la regularización voluntaria, en relación, exclusivamente tal y como hemos indicado anteriormente, con aquellos tributos sometidos al procedimiento de autoliquidación
Modelo 771 destinado a la autoliquidación e ingreso de cuotas correspondientes a conceptos impositivos y ejercicios, cuyo modelo de presentación no se encuentre disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en ese momento, cuya cumplimentación se realizará de acuerdo a la orden ministerial que aprobó el respectivo modelo de presentación.
Podrán presentar los referidos modelos los obligados tributarios que procedan al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771, por cada concepto impositivo y ejercicio o hecho imponible que se pretenda regularizar, teniendo en cuenta, a estos efectos, las normas para determinar la cuantía de la cuota defraudada lo dispuesto en el artículo 305.2 del Código Penal.

Por último, señalar que estos modelos estarán disponibles exclusivamente en formato electrónico a través de internet y para ambos, existe la posibilidad de aportar la documentación que se estime conveniente para respaldar los datos consignados en los mismos, a través de la Sede electrónica de la AEAT, accediendo al trámite de aportación de documentación complementaria que corresponda según el procedimiento asignado a cada modelo.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. Medidas de flexibilización para los territorios en fase 2 y fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

En el BOE del día 6 de junio se ha publicado la Orden por la que se flexibilizan determinadas restricciones para las unidades territoriales en fase 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que estaban recogidas en Órdenes anteriores, y surtirá plenos efectos desde las 00.00 horas del día 8 de junio y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

En el BOE del día 6 de junio se ha publicado

Orden SND/507/2020, de 6 de junio se flexibilizan determinadas restricciones para las unidades territoriales en fase 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, que estaban recogidas en órdenes anteriores, y surtirá plenos efectos desde las 00.00 horas del día 8 de junio y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Entre las medidas de flexibilización establecidas, podemos destacar las siguientes:

  • Se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto del total de plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios.
  • También se prevé la reapertura de plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre desde la fase 2, con un aforo máximo de un tercio y no más de 400 personas. En fase 3, el límite se incrementa al 50% del aforo permitido y no más de 800 personas.
  • Por otra parte, se permite en la fase 3, la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en esta orden.
  • Además, en los territorios en fase 3, se podrá consumir dentro de los locales de hostelería y restauración, siempre que no se supere el 50% de su aforo y se cumplan las condiciones ya establecidas en anteriores órdenes.
  • En los locales de juegos y apuestas, se establece el aforo máximo permitido en un 50%. En todos los casos, se tendrán que cumplir los requisitos y el resto de medidas establecidas.

Las medidas establecidas para la fase 2 están detalladas en la Orden del pasado 16 de mayo, así como las medidas de la fase 3, que publicó el BOE en una Orden el pasado 30 de mayo.

Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre

1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas.

2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio.

3. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.

4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes.

En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor.

5. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que guarden la máxima distancia posible.

6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir sentados, se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se procurará la máxima separación entre los usuarios.

7. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, podrán ocuparse la totalidad de las plazas sentadas, y se mantendrá una referencia de ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.

4. Unidades territoriales

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La Orden también determina que las comunidades autónomas que pasan en su conjunto a fase 3 y así lo han solicitado al Ministerio de Sanidad se conviertan en unidades territoriales a partir del lunes 8 de junio. De este modo, cada comunidad autónoma podrá decidir por sí misma si permite la movilidad de circulación dentro del conjunto de todo su territorio.

Territorios que pasan a la fase 2

  • Castilla y León
  • Cataluña: región sanitaria de Barcelona con las regiones sanitarias Metropolitana Norte y Metropolitana Sur y Región sanitaria de Lleida.
  • Comunidad de Madrid

Territorios que pasan a la fase 3

  • Andalucía
  • Aragón
  • Asturias
  • Islas Baleares*
  • Canarias*
  • Cantabria
  • Castilla-La Mancha: Guadalajara y Cuenca
  • Cataluña: regiones sanitarias de Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona.
  • Extremadura
  • Galicia
  • La Rioja
  • Navarra
  • Melilla
  • Murcia
  • País Vasco

*Las Islas de Formentera (Baleares) y La Gomera, El Hierro y Graciosa (Canarias) ya pasaron a fase 3 el lunes 1 de junio.

Según el Real Decreto de prórroga del estado de alarma, las CCAA podrán modular la aplicación de las medidas en su territorio y pueden pasar a ser autoridades competentes delegadas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase 3, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

COVID-19. Brechas de seguridad: el correo electrónico y las plataformas de productividad online

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que las plataformas tecnológicas de productividad utilizadas en las organizaciones se han convertido en uno de los activos más interesantes para los ciberdelincuentes por la posibilidad de acceder a información estratégica y confidencial.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que las plataformas tecnológicas de productividad utilizadas en las organizaciones se han convertido en uno de los activos más interesantes para los ciberdelincuentes por la posibilidad de acceder a información estratégica y confidencial.

El correo profesional, que antes era el único canal de información interna en muchas entidades, ha dejado paso a las plataformas tecnológicas de productividad y ofimática en la nube. A través de estas plataformas fluye una gran parte de la información de la organización, en particular, datos de carácter personal y, en los últimos tiempos, las plataformas se han convertido en uno de los activos más interesantes para los ciberdelincuentes por la posibilidad de acceder a información estratégica y confidencial.

I. Correo electrónico y plataformas de productividad y ofimática en la nube

El correo electrónico, desde su invención en la década de 1960, se ha ido popularizando a la vez que las redes y servicios de comunicaciones de datos se iban haciendo más accesibles. En la actualidad sigue siendo en una de las herramientas de comunicación más usadas, tanto en el ámbito laboral como en el privado.

En la arquitectura tradicional, el correo electrónico se encontraba alojado en los servidores de la organización y estaba administrado por personal propio o externo. Con la introducción de las nuevas tecnologías, como la mensajería instantánea o las redes sociales, el escenario es diferente. Ahora se usan los recursos computacionales en la nube que proporcionan las grandes multinacionales tecnológicas.

El correo electrónico ha crecido también en funcionalidad. Si antes era un simple medio de intercambio de mensajes de texto, ahora constituye una parte clave del proceso de toma de decisiones de la organización al haber añadido funcionalidades extra como compartición de documentos en la nube, videoconferencia, encuestas, multimedia, etc.

Como resultado de esta evolución, las entidades han acumulado grandes repositorios de información en la nube. Normalmente, estos almacenes están accesibles con las mismas credenciales del correo electrónico. La nube almacena y procesa información actualizada, y también histórica, de organizaciones públicas y privadas de cualquier ámbito, desde pequeñas empresas a grandes compañías, pasando por centros educativos.

Entre las plataformas más usadas pueden citarse productos como Office365 de Microsoft, o Google Suite que actualmente copan el mercado en los entornos profesionales.

II. Riesgos para la privacidad

El acceso a las plataformas de productividad online también ha evolucionado. Al principio era necesario utilizar el ordenador corporativo conectado a la intranet para acceder al correo electrónico. Ahora, sin embargo, es posible acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet que tengamos a nuestro alcance, independientemente de la red a la que estemos conectados. En la mayor parte de los casos, ya no se requiere disponer de una aplicación específica para el acceso, basta simplemente con un navegador web, y una única dirección común para el acceso de los empleados de todas las organizaciones que utilicen la misma plataforma corporativa. Esta es una de las ventajas de tener la información en la nube, pero a su vez un riesgo inherente a esta tecnología.

Debido a esta facilidad para conectarse, y que la superficie de ataque a estos sistemas sea todo Internet, pueden enumerarse, entre otros, las siguientes amenazas:

Intentos de acceso a plataformas corporativas por fuerza bruta.
Intentos de acceso a través de la reutilización de las credenciales en otros servicios de Internet que han sido objeto de una brecha de seguridad.
Robo de las credenciales a través de ataques de ingeniería social como el phishing, que acaban dando por resultado que el usuario introduzca sus credenciales corporativas en páginas fraudulentas controladas por los ciber atacantes.
Exposición de información personal al no diferenciar las herramientas empleadas en el entorno laboral del entorno privado.
El responsable del tratamiento ha de adoptar medidas para minimizar la probabilidad de que se materialicen las amenazas anteriores. Entre otras, podemos destacar:

Elegir soluciones y prestadores de servicio confiables y con garantías, y prestar atención a la configuración de las opciones de seguridad y privacidad que ofrecen las plataformas de productividad en la nube.
Establecer procedimientos y recomendaciones de acceso a las herramientas corporativas en movilidad y teletrabajo, que sean fácilmente entendibles y ejecutadas por todos los miembros de nuestra organización.
Establecer políticas restrictivas de acceso a las herramientas de productividad corporativas para uso personal o desde dispositivos no corporativos. En caso de permitirlo, establecer medidas de seguridad apropiadas y mecanismos de compartimentación de la información que mantengan separados el ámbito personal del profesional.
Usar un segundo factor de autenticación: esta es la medida más recomendada en acceso a servicios online. Las suites de ofimática online suelen contar con la posibilidad de no sólo acceder con usuario y contraseña, sino añadir robustez a la autenticación mediante un token, un mensaje SMS o el uso de una APP en otro dispositivo.
Emplear contraseñas robustas: el uso de contraseña difíciles de predecir y que no se usen en otros servicios es fundamental para protegerse de acceso indebidos. Es necesario implementar una correcta política de uso de contraseñas en la organización.
Es recomendable consultar los servicios que nos informan de las cuentas que han sufrido brechas de seguridad en otras webs por si algún miembro de la organización ha reutilizado sus credenciales.

Comprobar los accesos indebidos: realizar una gestión correcta de los registros de acceso a estos portales nos puede dar mucha información, como accesos producidos durante horas en las que no se debería acceder, direcciones IP geolocalizadas en lugares sin presencia de la organización, o constantes errores de acceso en algunas cuentas. Estos rastros nos darán las pistas necesarias para saber si nuestra organización está siendo objeto de algún tipo de ataque.
Comprobar las redirecciones en los buzones de correo: una vez que se han comprometido las credenciales de acceso, una de las primeras acciones que realizan los ciberdelincuentes es crear una regla de redirección de correo para intervenir nuestras comunicaciones, reenviándose a un buzón propio los correos que recibimos. De esta manera, los atacantes pueden analizar la información sin tener que estar accediendo a nuestro buzón. Dependiendo de la plataforma de productividad usada, es posible comprobar esta amenaza de diferentes maneras. Por ejemplo, un administrador puede usar esta solución para Office365. En cualquier caso, los usuarios siempre tienen la opción de consultar si tienen alguna regla y eliminarla.

reglas

 

Reglas de redirección de correo en Office 365.

Formar a los integrantes de la organización en la cultura de la protección de datos y seguridad. Debe hacerse hincapié en la necesidad de proteger las credenciales y erradicar su reutilización. También es preciso hablar de las amenazas basadas en ingeniería social, para evitar que los empleados introduzcan sus credenciales en páginas de inicio de sesión falsas.
Establecer políticas de cancelación o bloqueo periódico de datos.
Establecer sistemas de auditoría automática que alerten de acciones anómalas sobre el sistema de correo y paralicen ciertas actividades.
Este post forma parte de una serie sobre brechas de seguridad, entre los que se encuentran:

Brechas de seguridad de datos personales: protégete ante la pérdida o robo de un dispositivo portátil
Brechas de seguridad de datos personales: qué son y cómo actuar
Brechas de seguridad de datos personales: protégete ante el ransomware
Brechas de seguridad de datos personales: comunicación a los interesados
Brechas de seguridad de datos personales: El Top 5 de las medidas técnicas que debes tener en cuenta
Fuente: AEPD

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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